Nuevo blindaje ante desfalcos
• Ricardo Balderas
Actualización del jueves 16 de Julio de 2020
Regresan legalidad al Foro Consultivo del Conacyt. Meses después de la investigación realizada por PODER con información de Méxicoleaks, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desaparece de raíz al autodenominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. modificando las Bases Generales que dieron pie al desfalco señalado por la actual titular María Elena Álvarez-Buylla Roces.
En total, son cuatro los documentos jurídicos que rigen la legalidad del Instituto de Ciencias: el Estatuto Orgánico General, la Ley Orgánica de Conacyt, la Ley de Ciencia y Tecnología, y finalmente, la Constitución Política. El Conacyt, al poseer diversos organismos de la misma índole que el Foro, es el único responsable de emitir los documentos que regulen a estos, en este caso, las Bases Generales.
La dependencia en manos de María Elena Álvarez-Buylla Roces, celebró hoy una junta con la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (el que sí está previsto en la Ley) en la que, entre otros temas, aprobaron en conjunto las nuevas Bases Generales de dicho Órgano Interno Colegiado del Conacyt, con las que dan fin administrativo al escándalo ocurrido a inicios de la actual administración.
En el contexto de las acusaciones se reveló que de 2011 a 2018, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.), institución de carácter privado, recibió del Conacyt más de 287 millones de pesos, buena parte de los cuales se dilapidaron en viajes al extranjero, desayunos en restaurantes de lujo, compras por internet y hasta una casa en el corazón de Coyoacán en donde tienen sus instalaciones, y que ahora mismo son incapaces de explicar el origen del total de recursos con los que se adquirió.
Todo lo anterior fue respaldado por las anteriores Bases Generales que los dirigentes del Foro A.C., al ser también científicos de Conacyt, escribieron y que fueron aprobadas por el extitular de la dependencia, Enrique Cabrero Mendoza, quien jamás reparó en la ilegalidad de los actos ahora denunciados por Álvarez-Buylla Roces.
El conflicto con las Bases Generales anteriores que Conacyt pretende resolver, resulta del análisis del artículo 36 fracción cuarta de la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se puede leer claramente que la organización del Foro debe realizarse mediante comités de trabajo, asunto que nunca fue llevado a la práctica. Asimismo se regulará el tema de los salarios y burocracia del Foro, dado que la misma Ley prevé que los cargos desempeñados por el mismo sean totalmente honoríficos.
En el nuevo documento en manos de este medio de comunicación, se puede leer también que el instituto aclara que en ninguna parte de la ley o sus artículos transitorios se prevé que el foro sea una Asociación Civil, tal y como ocurrió hasta la llegada de la nueva administración. También advierte que “ninguna persona moral de derecho privado puede pretender ser un órgano público”.
Dicho acto, tal y como lo publicó PODER en La Mafia de la Ciencia en marzo de este año, configura un hecho de suplantación de funciones propias del Estado Mexicano. El Foro Consultivo que sí está contemplado en la Ley, según lo argumentado en el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se trata de un órgano interno del Conacyt, que no tiene, y no debió tener, personalidad jurídica dado que es el propio Conacyt el único con las facultades para representarlo.
En este complicado contexto es que ahora el Conacyt finalmente anuló las bases aprobadas por la administración de Cabrero Mendoza, que permitieron que los integrantes de la asociación civil autodenominada Foro A.C. recibieran, en algunos casos, percepciones superiores a las de todos los gobernadores del país. Tal y como ocurrió con Adriana Guerra Gómez, última secretaria técnica de la A.C. quien además sostiene un juicio en contra de Conacyt para preservar esos privilegios.
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